La justicia de la ciudad de Buenos Aires condenó este miércoles a una pena de 20 años al dueño del local República de Cromañon, Omar Chában, por la muerte de 194 jóvenes y 1400 lesionados en 2004. Sin embargo, los jueces resolvieron no enviar a prisión a los condenados, hasta que termine un proceso de apelación que puede durar varios años.
La tragedia de Cromañón ocurrió el 30 de diciembre de 2004, dejando el saldo de 194 personas muertas y más de 1.400 heridos. La mayoría de las víctimas eran muy jóvenes y de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, ya que el grupo “Callejeros” convocaba especialmente a jóvenes de zonas populares.
En tanto, el Tribunal Oral 24 a cargo del juicio absolvió a todos los integrantes de la banda de rock Callejeros, que habían sido procesados por ser coorganizadores del recital de la tragedia, el 30 de diciembre de 2004.
Chabán, quien estuvo ligado con el mundo de la música rock, tendrá que comparecer semanalmente ante los tribunales correspondientes y tiene prohibición de salir del país.
El tribunal también condenó a Fabiana Fiszbin (ex subsecretaria de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y a Ana María Fernández a 2 años de prisión y 4 de inhabilitación especial por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El presidente del tribunal. Marcelo Alvero, aclaró que el fallo es unánime.
El subcomisario de la Policía Federal argentina Carlos Díaz fue condenado a 18 años de prisión por los delitos de incendio doloso y cohecho pasivo. En cambio, el comisario Miguel Belay fue absuelto.
Raúl Villarreal, mano derecha de Chabán, fue absuelto por estrago doloso y homicidio simple, aunque recibió 1 año de prisión en suspenso como partícipe secundario del delito de cohecho activo. Además, deberá realizar tareas comunitarias en Cáritas y un curso de formación ciudadana.
Para los que recibieron penas mayores a dos años, el tribunal fijó pautas de conducta: tienen prohibido salir del país, no pueden abandonar su domicilio por más de 24 horas y están obligados a presentarse semanalmente ante el tribunal.
El tribunal también ordenó a todos los implicados, al Estado nacional y al gobierno de Buenos Aires a pagar 121 mil 600 pesos (31 mil 600 dólares) más intereses y costas como indemnización ante un planteamiento particular, lo que puede sentar un precedente para el resto de las víctimas del incendio, que también causó mil 432 lesionados.
Aunque el tribunal estaba en condiciones de mandar a prisión efectiva e inmediata a los condenados, prefirió dejar condicional la pena hasta la revisión del fallo en un tribunal superior, aunque limitó los movimientos de los condenados, que no pueden salir del país y deben presentarse periódicamente en una oficina judicial.
El próximo paso en el proceso judicial serán las apelaciones ante el Tribunal de Casación Penal, para que el fallo del Tribunal Oral sea revisado. Se descuenta que las querellas, que representan a los familiares de las victimas, se presentaran en apelación para pedir condenas más duras y que se incluya entre los responsables a los integrantes de la banda de rock Callejeros, que resultaron absueltos por “el beneficio de la duda”, esto es, la ausencia de pruebas contundentes para ser condenados.
A los integrantes del grupo se los llevó a juicio acusados de participar en la organización del evento de la tragedia (se ocupaban de la venta de entradas). Las querellas y la fiscalía aseguraron que los integrantes del grupo era conscientes de la capacidad limitada del local Republica de Cromagnon e igual vendieron varios miles más de entradas.
Una vez conocida la sentencia los familiares de las apedrearon las puertas del tribunal y se trenzaron en lucha con los policías. A los pocos minutos, intervinieron efectivos de Infantería y camiones hidrantes. Algunos de los familiares se enfrentaron con seguidores de la banda: hay varias personas heridas que tuvieron que ser atendidas en las ambulancias del SAME.
La tragedia desencadenó un terremoto político en la ciudad de Buenos Aires, que terminó con la destitución mediante un juicio político del Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, en 2006, a quien se sindicó como responsable final del deficiente aparato de control de la ciudad, que permitió la habilitación del local República de Cromañon, aunque no cumplía con las condiciones de seguridad.
Durante casi un año, la mayoría de los espectáculos en lugares cerrados de la ciudad estuvieron prohibidos, mientras la calle del local, frente a la estación de ferrocarril de Once, se convirtió en un santuario con miles de fotografías, efectos personales y poemas de familiares de los muertos en la tragedia, que aún perdura, recordando a los argentinos la mayor tragedia colectiva de su historia, fuera del genocidio perpetrado por la dictadura militar.
Fuente: Telesurtv.net
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